En la inauguración de las XXV Jornadas de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria, que se celebran hoy y mañana en Ávila, la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, se refirió a la “necesidad de vertebrar un procedimiento garantista específico en el que se comuniquen al interno todas las incidencias a través de su letrado”.
Ángel Luis Ortiz González, secretario general de Instituciones Penitenciarias, se mostró de acuerdo en que esa asistencia letrada dentro de las prisiones ha de ser obligatoria: “Nunca he entendido porqué la asistencia letrada preceptiva finaliza el día que alguien ingresa en prisión. Siempre he defendido que desde el primer en prisión se tiene que tener obligatoriamente un abogado”.
“Muchas personas cumplen sus condenas sin haber contado con un abogado. La preceptividad solo aparece cuando hay un recurso. Debe de ser una obligación”, reclamó. “Para una persona privada de libertad no hay cosa mejor que contar con un buen abogado”, añadió.
Uno de los puntos principales de estas jornadas será precisamente la elaboración de las propuestas de la Abogacía a la futura ley de procedimiento en materia penitenciaria. Entre ellas estará “la preceptividad de la abogacía en todo el sistema de recursos”. Actualmente, como lamentó Ortega, “se carece de un procedimiento autónomo y de un orden jurisdiccional propio, está integrado dentro del orden penal”.
Julio Gabriel Sanz Orejudo, presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, reclamó que “cada centro penitenciario cuente con un centro de orientación jurídica gestionado por los colegios de abogados”. Y dio las gracias a los letrados “que prestan este servicio de forma prácticamente altruista”. “Es la voluntad de los compañeros la que hace primar este derecho de defensa de los internos”, añadió.
Blanca Ramos, presidenta de la Subcomisión de derecho penitenciario del Consejo, destacó también el compromiso de los abogados especializados en derecho penitenciario.
En la inauguración intervinieron además José Francisco Hernández Herrero, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, Javier García Encinar, presidente de la Audiencia Provincial de Ávila y Sonsoles Jiménez Herrero, decana del Colegio de Abogados de Ávila, que destacó la alta participación en estas Jornadas, con más de un centenar de letrados y letradas.
En estas jornadas, bajo el lema “Derechos en prisión: compromiso y acción”, se analizaron también las poco conocidas Reglas de Bangkok, aprobadas por la ONU en 2010 para el tratamiento de las mujeres presas, que son”las grandes perjudicadas de nuestro sistema penitenciario”, como denunció Ginés Zamora Gil, vocal de la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo. “Estas normas no son vinculantes, solo orientativas, es conveniente examinar su aplicación en nuestro país”, señaló Ortega. La directora de la prisión de mujeres de Brieva (Ávila), Laura Perez García, señaló la importancia de “responder a las necesidades de las mujeres en prisión”, entre las que destacó una asistencia sanitaria adecuada.
También se revisará la implantación del sistema de comunicación por videoconferencia entre Colegios de la Abogacía y centros penitenciarios en una mesa redonda con Eulàlia Barros, decana del Colegio de Sabadell, el abogado Jorge Postigo Rosa y Blanca Ramos, presidenta de la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo.
La deontología, el papel del juez de vigilancia penitenciaria o la evolución de los servicios de orientación y asistencia jurídica penitenciaria son otros de los temas que se tratarán a lo largo de estas jornadas.
