En medio del atasco que experimentan los juzgados de lo Social en Sevilla, con señalamientos ya para 2026, un abogado ha conseguido adelantar su juicio por despido dos años y medio. Señalado para mayo de 2024, se celebrará el próximo 22 de noviembre. Cuatro meses después de interponer el recurso de reposición, la magistrada ha reconsiderado la fecha.
Daniel Sánchez Bernal presentó un recurso alegando que esto suponía “un atropello flagrante a la tutela judicial efectiva y al derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, recogido en la Constitución Española”. La jueza ha reconsiderado ahora la fecha, argumentando que “la reorganización de la agenda provocada por el necesario cumplimiento de las normas en materia de prevención ante la situación generada por la pandemia ha permitido la reubicación del procedimiento”.
Este no es el único recurso presentado por el abogado por el atasco en los Juzgados de Sevilla. Tiene pendiente un juicio por el embargo cautelar a una empresa, reclamaciones de cantidad y otros despidos. Por ello, Sánchez Bernal aconseja a sus compañeros, profesionales del Derecho, que recurran. “Si no lo hacen es porque tienen un miedo infundado ante posibles represalias de los jueces, de sufrir algún tipo de prejuicio o que puedan prejuzgar el asunto. Este miedo es infundado porque este tipo de recursos y quejas no van realmente dirigidas contra los jueces y los LAJ”.
El letrado también se queja de la falta de empatía por parte de los compañeros de la Administración de Justicia. “Suelen desestimar automáticamente estos recursos, indicando que no es una acción arbitraria sometida a capricho, por eso agradezco a la magistrada su valentía”.
En cuanto a las causas del colapso, el abogado apunta a la falta de juzgados, personal y recursos materiales. Pero esto –indica- no puede ser excusa para dilatar los señalamientos. “A los abogados se nos exige un determinado plazo de tiempo para presentar documentos o para recurrir. Nosotros debemos exigir lo mismo a los jueces y letrados de la Administración de Justicia”.
Los juzgados de lo Social son los más colapsados de la Comunidad, seguidos de Civil -expresa el letrado-, que también tienen una gran tasa de litigiosidad y están citando a cinco años vista. En los últimos días, un Juzgado de Primera Instancia de Sevilla ha fijado un juicio por la reclamación de una cláusula suelo para 2026. Para el abogado que representa al ciudadano afectado, Joaquín Moeckel, “el Poder Judicial están señalando estos juicios tardíos para que sean ellos los que se quejen para que el Gobierno solucione el problema”.
A juicio de Sánchez Bernal, la principal consecuencia que tienen estos retrasos para el ciudadano es la absoluta indefensión. “En este caso concreto de despido, la empresa ni siquiera se ha dignado en abonarle la indemnización legal mínima. En paro, tiene que esperar además cinco años para poder cobrar algo”, denuncia. Para el abogado supone un perjuicio para cobrar sus honorarios y pagar las costas. “No es lo mismo que el procedimiento finalice en dos o tres meses que en tres años”.
Como una de las soluciones, Sánchez recomienda que, puesto que está en trámite la constitución de la nueva bolsa de interinos de Andalucía, “se facilite a este personal el trabajo para desatascar la Justicia en la Comunidad”.
Mientras tanto, el abogado hace un llamamiento a la Abogacía Española y los diferentes colegios profesionales para que “nos apoyen a luchar contra este mal endémico de la Administración de Justicia como es la vulneración de la tutela judicial efectiva”.
