La inteligencia artificial (IA) y la robotización pueden usarse para mejorar la Justicia. Y de hecho ya se está haciendo, por ejemplo, para la cancelación de oficio de antecedentes penales. Así se contó en la jornada “Robotización e inteligencia artificial aplicadas a la justicia”, organizada por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la organización AMETIC.
Aránzazu Indurria, jefa del Departamento de Registros de apoyo a la actividad judicial, explicó cómo utilizan la automatización para cancelar de oficio los antecedentes penales. Gracias a este sistema -implantado totalmente desde marzo de 2021- el año pasado se cancelaron 242.000 antecedentes penales, beneficiando a 230.000 personas. Además, se ahorraron 7.000 horas de trabajo por parte de funcionarios y funcionarias.
En la clausura de la jornada la ministra de Justicia, Pilar Llop, destacó que el Ministerio está realizando una apuesta clara por la transformación digital, “dedicando 400 millones de euros”. Este presupuesto, procedente de los fondos europeos, se está dedicando a avanzar en proyectos como la inmediación digital y servicios como Cl@ve Justicia y el Escritorio Virtual de Interacción Digital (EVID). Además, desde enero de 2021 se han celebrado más de 65.000 juicios telemáticos. También se está utilizando ya la inteligencia artificial, con la textualización automática de grabaciones -más de 287.000 desde 2021-. Asimismo, destacó la importancia de la futura Ley de eficiencia digital, que “ofrecerá el marco de seguridad jurídica necesario para la transformación digital”.
Los ponentes coincidieron en que la utilización de tecnologías innovadoras -como la inteligencia artificial y la robotización- mejoran el servicio público y permiten que quienes trabajan en la administración de Justicia dediquen su tiempo a tareas de valor, dejando las tareas repetitivas para las máquinas. Además, genera un ahorro de tiempo y también es más sostenible por el ahorro de papel y de desplazamientos. Pero hay que tener en cuenta que la utilización de este tipo de sistemas debe conjugarse con la protección de datos personales.
En cuanto a la inteligencia artificial, el magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral explicó cómo se puede utilizar en la justicia: en la tramitación y la gestión procesal, donde “la regla es carta blanca”. En investigación, donde es importante, pero hay que poner límites legales para garantizar el respeto a los derechos fundamentales. Y en cuanto a la toma de decisiones y lo que se conoce como ‘juez-robot’, no es partidario, porque si bien las técnicas de predictibilidad y de IA pueden ser útiles a la hora de dictar sentencias, “el juez humano no debe ser sustituido por el puro dato”, porque faltaría lo que aporta la inteligencia humana. “Conocer los datos ayuda a tomar la decisión, pero no sustituye la decisión”, sentenció.
