La Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española, tras conocer el contenido del Anteproyecto de Ley de Creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, observa con enorme preocupación un nuevo intento de socavar las competencias del sistema de reclamación de derechos que conforman los juzgados y tribunales españoles. Y por ello, tras un primer análisis del texto, desea hacer públicas las siguientes consideraciones:

• Generar un nuevo órgano de resolución de controversias específico para este tipo de reclamaciones puede generar un camino más tortuoso sin que ello evite que un número considerable de asuntos concluyan igualmente en los tribunales. Este no es el camino para solucionar el colapso de los órganos judiciales.
• Además y sobre todo, genera una mayor asimetría entre las entidades financieras y sus clientes, pues al establecerlo como ventanilla única directa y gratuita deja de facto a los reclamantes sin asesoramiento jurídico y, por tanto, en una evidente situación de indefensión. Los bancos seguirán contando con su potente maquinaria de defensa jurídica mientras el reclamante quedará en una evidente situación de inferioridad.
• La creación de decenas de juzgados especializados en cláusulas suelo por todo el territorio nacional ha puesto en evidencia la actitud obstruccionista de los bancos a la hora de solucionar las reclamaciones generadas por diferentes sentencias del Tribunal Supremo. Y es ahora, cuando algunos de estos juzgados se cierran porque el grueso de los asuntos se ha resuelto aunque también quedan cientos de miles de por resolver, cuando se pretende atajar la situación generando una ventaja para las entidades en detrimento de la garantía jurídica de los clientes.
• El Gobierno argumenta en la exposición de motivos del anteproyecto de ley que “la judicialización de las controversias entre clientes y entidades financieras, en ocasiones de forma masiva, conlleva un importante coste en tiempo y dinero que se corresponde mal con la protección efectiva de los intereses de los ciudadanos. Además, tienen un impacto muy negativo sobre la imagen pública del sector financiero en su conjunto, dañando la confianza y el buen funcionamiento de la economía nacional”.
• Lo que no explica la iniciativa legislativa es que la judicialización masiva no ha sido provocada por los clientes y quienes les han representado, sino por las entidades financieras, las cuales, sabiéndose perdedores en una mayoría aplastante de las situaciones, han preferido demorar los pagos para ganar tiempo ante la incapacidad de la Administración de Justicia para dar respuesta a un elevado volumen de reclamaciones en un tiempo razonable. Tampoco explica que en la actualidad ya son los bancos quienes terminan asumiendo el coste del proceso a través de las condenas en costas.
• Una vez más se dibuja la figura de abogados y procuradores como un obstáculo para el efectivo ejercicio de los derechos de reclamación y para el funcionamiento de la sociedad, cuando unos y otros son colaboradores imprescindibles en el funcionamiento cotidiano de la reclamación de derechos tanto de las empresas como de los particulares.
• El Consejo General presentará las alegaciones que entiende más que oportunas, instando a los distintos grupos con representación en las Cámaras parlamentarias a presentar una enmienda a la totalidad de un texto que lejos suponer una ventaja para el ciudadano puede generar un nuevo perjuicio.