Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) comenzarán este martes una huelga indefinida en demanda de una mejora salarial equivalente al aumento de la carga de trabajo que sufrieron hace años sin que entonces se les compensara.
La huelga indefinida convocada para este martes es el resultado del conflicto laboral que mantienen los LAJ desde hace meses con el Ministerio de Justicia y que les ha llevado a protagonizar ya huelgas puntuales –que obligaron a suspender juicios y declaraciones, incluidas algunas del conocido como ‘caso Villarejo’ en la Audiencia Nacional– y concentraciones.
La Unión Progresista de LAJ (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de LAJ reprochan que hasta ahora no se haya introducido una enmienda a la Ley de Eficiencia Organizativa para que “las retribuciones del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se referencien a las correspondientes a la carrera judicial, en la proporción de mejora que se considere adecuada a las responsabilidades inherentes a este colectivo”.
Paralización de la actividad de los juzgados y tribunales
Las asociaciones advertían de la “gravedad” y de la “extensión del riesgo de paralización de toda la actividad ordinaria de los juzgados y tribunales de todo el país, salvo los servicios esenciales”, que puede generar la huelga indefinida.
Asimismo, subrayaban que también tendrá un “impacto directo global en los ciudadanos, en las empresas y en todos los operadores jurídicos que se relacionan con el servicio público de la Administración de Justicia”.
En concreto, avisaban de que se paralizarán los pagos judiciales a particulares (alimentos, deudas, indemnizaciones, etc) y al Tesoro Público (multas, depósitos, etc.), dado que estos funcionarios son los únicos con facultades de disposición de los fondos de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales, que cuenta con un saldo promedio de 4.500 millones de euros.
Según explicaban, el trabajo de los 4.300 Letrados –funcionarios de grupo A1– dependientes de Justicia es “imprescindible”, por lo que su ausencia provocaría “enormes perjuicios” en juzgados y tribunales que se traducirán, probablemente, en nuevas dilaciones de los asuntos en trámite.
El conflicto tiene su origen en “la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas”, en especial la de 2015, lo que –denuncian– ha provocado un “insoportable desequilibrio”.
Los convocantes señalan como “detonante” del conflicto el acuerdo que el Ministerio firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales “sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021″.
Posición del Ministerio de Justicia
Por su parte, la ministra de Justicia, Pilar Llop, aseguró que su Ministerio negocia permanentemente con las distintas asociaciones de LAJ, y enfatizó que estos funcionarios son un componente importantísimo para el buen funcionamiento del trabajo de juzgados y tribunales.
El pasado viernes, desde el Ministerio remitieron una carta a los LAJs firmada por el secretario general de innovación y calidad del servicio público de Justicia, Manuel Olmedo, ante la “desinformación que aparentemente existe” sobre las actuaciones llevadas a cabo desde el departamento “en interés” del cuerpo.
Olmedo hizo un balance de los objetivos que propuso conseguir cuando asumió el cargo. Recordó que la primera medida, vinculada a la modificación de los reales decretos retributivos para hacer efectivo el acuerdo sindical adoptado en diciembre de 2021, se aprobó en abril de 2022 y representó un aumento con carácter retroactivo. “La plenitud de los efectos se reflejará en la nómina de este mes de enero, alcanzando un incremento de complementos de 206,87 euros”, precisó.
Aumento del salario del 5,26%
Según explicó, esto implica un “aumento de la masa salarial de letradas y letrados superior a los 10 millones de euros” y supone “un incremento del 5,26% del salario anual medio del cuerpo” de LAJ, adicional al 8% (9,5% en función de la evolución de la economía) que con carácter general van a experimentar todos los empleados públicos.
En este sentido, el secretario subrayó que “en tres años el salario medio de cada letrado aumentará una media del 14,76%”. Al margen, Olmedo recalcó que se ha aprobado un programa que ha aumentado de 30 a 110 euros las retribuciones por entradas y registros simultáneas.
Incidió además en que los encargados del Registro Civil en aquellas poblaciones en las que se ha implantado el nuevo modelo ya perciben las cuantías comprometidas, respondiendo al principio de igual retribución a igual responsabilidad, a través de prolongaciones de jornada y productividad.
Olmedo destacó asimismo que ya se han normalizado los procesos administrativos demorados, en particular en materia de acceso al cuerpo, con las convocatorias de ofertas de empleo públicas correspondientes a 2019, 2020 y 2021. Por último, aseguró que “en las próximas semanas” seguirán trabajando desde el Ministerio para mejorar las condiciones de los LAJ.
El decano del ICAM como mediador
La semana pasada, el comité de huelga de los Letrados de la Administración de Justicia trasladaron a Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, que actuara como mediador con el Ministerio de Justicia para tratar de alcanzar una solución consensuada ante la paralización de este servicio público.
Este lunes, el ICAM enviaba un comunicado en el que el decano pedía a las partes en conflicto “la búsqueda de una solución de consenso en aras del interés general al que sirven”, ante el comienzo de la huelga indefinida convocada para este martes, que conllevaría “la suspensión de más de 9.000 juicios diarios, el aplazamiento de otras tantas demandas diarias, y la paralización de 32.000.000 de euros de la cuenta de consignaciones”.
Asimismo, Eugenio Ribón reiteraba en el comunicado su disponibilidad tras haber aceptado la solicitud de mediación realizada por el Comité de huelga, como facilitador de entendimiento para la búsqueda de soluciones posibles, y “desde el prisma de la neutralidad que la abogacía madrileña puede ofrecer”.
Por último, en el comunicado remitido por el ICAM se ha pedido a la jueza decana de Madrid, al presidente del Tribunal Superior de Justicia, al presidente de la Audiencia Provincial de Madrid y al presidente de la Audiencia Nacional que, “en caso de presumir ineludibles suspensiones, se comunique con antelación a las partes para evitar perjuicios a profesionales y ciudadanos”.
