Tras aprobar por unanimidad el manifiesto y las conclusiones, los asistentes al Congreso se concentraron en defensa de la justicia gratuita, y de un “sistema claro y eficaz para la ciudadanía y también la dignificación del trabajo de los profesionales de la abogacía”, como señaló el Manifiesto.
“Es necesario que se alcance un pacto para mejorar la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, en el marco del cada vez más necesario Pacto de Estado por el futuro de la Justicia que la Abogacía institucional lleva años reclamando a los poderes públicos”, señaló el Manifiesto.
En las conclusiones se pide a los poderes públicos que “sin dilación, promuevan una nueva Ley reguladora de la materia, contando para ello con la dilatada experiencia de la Abogacía”.
Pero, en tanto y en cuanto no se apruebe esta ley, se insta a la inclusión de una disposición final en el texto del proyecto de ley del Derecho de Defensa, para que “se incluyan como acreedores del beneficio de justicia gratuita las personas jurídicas enjuiciadas penalmente”, y para que se establezca que “la intervención de profesionales designados de oficio para la asistencia, defensa y representación gratuita será indemnizada en todo caso, incluso en aquellos supuestos en que no exista reconocimiento expreso del derecho a la asistencia jurídica gratuita”.
En las conclusiones se pide además que se establezcan de manera clara y homogénea los criterios para la concesión del beneficio de la justicia gratuita “para así conseguir una homogeneidad en el ámbito estatal, evitando un desigual trato a los ciudadanos y ciudadanas derivado tanto de los cambiantes referentes legales para el reconocimiento del derecho”.
También se pide que se revaloricen anualmente y se equiparen las compensaciones económicas, de manera que sean iguales en todas las comunidades.
