Un hombre del Puerto de Santa María (Cádiz) lleva esperando casi dos años la celebración de su juicio en el que impugna su paternidad tras conocer que el hijo que tenía con su expareja no era suyo. El juicio se iba a celebrar en febrero de 2023, pero se suspendió por la huelga de los letrados de Administración de Justicia, señalándolo para diez meses después.
Según su letrado José Antonio Sires, la suspensión del juicio y las huelgas de funcionarios de justicia, a la que podrían sumarse la de jueces y fiscales, están sumiendo a su cliente en una situación de desesperación, la cual aumenta al tener que seguir cumpliendo con las obligaciones de padre del menor porque así lo estableció una sentencia de 2019.
“Sigue abonando la pensión mensual de alimentos y los gastos que el menor necesita para su vida diaria y tememos que el juicio no llegue a celebrarse este año”, afirma Sires. “Cuando se celebre el juicio, pediremos la reclamación de las cantidades abonadas en otro procedimiento civil por daños morales”, agrega.
A raíz de unas pruebas médicas, el afectado supo que no podía ser padre, por lo que en abril de 2021 presentó la demanda para impugnar la filiación, para que se declarase que no era el progenitor y para que se anulase la inscripción en el Registro Civil.
Y explica que, ante esta nueva huelga con impacto en el sector de la Justicia, le preocupa el posible “desplome del derecho consagrado a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos y el futuro colapso, como consecuencia de las dos huelgas que va a soportar nuestro sistema judicial, dejando un escenario de incertidumbre a corto y medio plazo”.
El letrado asegura que en su despacho se han suspendido numerosos juicios y declaraciones a consecuencia de la primera huelga de los LAJ sin saber todavía cuándo se van a volver a señalar y asegura que esta segunda huelga va a tener un impacto en un retraso posterior de los señalamientos a juicios de los meses posteriores. “Se consideran servicios mínimos los juicios por violencia de género, causas con presos y asuntos relacionados con menores, pero después hay particularidades en cada juzgado. Los justiciables son los que están pagando las consecuencias”.
