Los portavoces de Justicia de PSOE, PP, Sumar, Vox y ERC se comprometieron, en un debate electoral organizado por la Abogacía, a culminar en la próxima legislatura la tramitación de la Ley de Derecho de Defensa y a mejorar el servicio de justicia gratuita, para mejorar las condiciones de los profesionales.

El debate, celebrado tan solo diez días antes de las elecciones generales, permitió a los partidos detallar sus planes para el servicio público de Justicia. “La situación actual es insostenible, agravada por crisis y huelgas”, lamentó la presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega, que moderó el debate.

Por parte del PSOE, intervino Llanos Castellanos, secretaria de Justicia, Relaciones Institucionales y Función Pública; por parte del PP, María Jesús Moro Almaraz, secretaria ejecutiva de Regeneración Institucional; por parte de VOX, Eduardo Ruiz, portavoz adjunto en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados; por parte de Sumar, Enrique F. Santiago, portavoz adjunto del  GCUP-EC-GC en la comisión de Justicia del Congreso; y por parte de ERC, Joan Queralt, candidato al Senado por Barcelona.

La situación del proyecto de ley del Derecho de Defensa, que se quedó en el aire con la convocatoria de elecciones, fue una de las cuestiones que se debatieron. Castellanos defendió el texto, que recogía enmiendas de la abogacía: “Parte de un principio básico: que la justicia no es patrimonio de los jueces y juezas sino de los ciudadanos y luego hay muchos elementos que intervienen para hacerlo posible, uno muy importante son los abogados y abogadas”.

Moro, por su parte, mostró “el compromiso del PP “para tramitar“ dicha norma “con toda la urgencia posible”, desarrollando más el turno de oficio, que es un “elemento esencial”.  Santiago mostró su apoyo al proyecto de ley señalando que “se puede mejorar, rechazando cualquier tentación de privatizar los servicios de defensa, y ofreciendo más garantías para el ejercicio del derecho de defensa”.

Sin embargo, Ruiz y Queralt se mostraron en desacuerdo con el proyecto de ley tal y como estaba planteado y señalaron la necesidad de mejorarlo “Nos parecía un bluff, no desarrollaba nada de lo que tenía que desarrollar”, afirmó Ruiz. “Me parece una ley muy retórica, no veo las palabras motivación, publicidad e igualdad de armas.”, señaló Queralt.

Mejora de la asistencia jurídica gratuita

En lo que ´si hubo unanimidad fue en la necesidad de mejorar la situación del servicio de asistencia jurídica gratuita. “La abogacía lo asume con una mano delante y otra detrás, porque la dotación presupuestaria es insuficiente. Con lo que se está pagando no hay una justicia de calidad posible”; afirmó Queralt.

Santiago señaló la “necesidad de incrementar los recursos del servicio, terminar con los retrasos en los pagos, elevar los umbrales de renta, ampliar la cobertura de la justicia gratuita e introducir la posibilidad de elegir y cambiar de letrado”.

Castellanos reconoció que la actualización de los baremos se había quedado pendiente en esta legislatura, y aseguró que tiene que haber una adecuación. Además, señaló que es necesario que “se paguen todas las actuaciones; se pague el trabajo hecho”.

Moro coincidió en la necesidad de revisar los baremos. Y se comprometió en nombre del PP a incluir la cobertura de la asistencia a las personas jurídicas en el proceso penal –“es un clamor”, señaló- Y fue la única que hizo referencia a la necesidad de una nueva Ley de Justicia Gratuita para sustituir a la de 1996.

El portavoz de Vox, por último, denunció “las desigualdades injustas entre todos los profesionales” y aseguró que hay que “mejorar el sistema, así como la fiscalidad de los pagos”.

Conciliación, todavía hay camino por avanzar

Sobre la conciliación en la abogacía todos coincidieron en que la reciente reforma introducida por el Real Decreto Ley 5/2023 ha sido un gran avance, pero destacaron que hay que seguir trabajando para que se haga realidad la conciliación en la profesión. Santiago y Queralt expresaron su duda por cómo aplicarán los tribunales las peticiones de suspensiones. Castellanos, sin embargo, aseguró que “una vez acreditada la circunstancia no debería ser objeto de valoración potestativa”. Y Moro, por su parte, expresó el compromiso del PP para “redactar con más tranquilidad las normas en el Parlamento, no a última hora por sorpresa”.

Sobre las pensiones de la Mutualidad de la Abogacía, Moro y Castellanos se mostraron partidarias de hacer un estudio caso por caso y un análisis pormenorizado, mientras que Santiago y Ruiz apoyaron la pasarela al RETA. “Se tiene que legislar que se integren en el sistema de la Seguridad Social, capitalizando esas aportaciones con los mismos criterios que el RETA”, afirmó Santiago. Queralt señaló, sin dar más detalles, que “cualquier solución que se dé tiene que ser justa y garantizar una jubilación digna”.

También se habló sobre el IVA de los servicios jurídicos a los particulares, sobre el que Santiago, Ruiz y Queralt mostraron su oposición. “Es discriminatorio para los particulares, les cuesta más el ejercicio de derecho de defensa que a las empresas”, afirmó Queralt.

Pacto de Estado por la Justicia

Otro de los temas que estuvo sobre la mesa de debate fue la necesidad de un pacto de Estado por la Justicia. Todos coincidieron en que debería alcanzarse, pero no tardaron en surgir las discrepancias. Castellanos dijo que “tendrían que cumplirse los acuerdos”, para que no ocurra como con el pacto del 2001. Moro subrayó la voluntad del PP para alcanzar ese pacto y lamentó que “tejer y destejer permanentemente nos lleva siempre al mismo sitio”. Ruiz dijo que hay que tener claro “¿para qué queremos ese pacto?”.

Santiago, por su parte, reclamó que fuera entre todos los partidos y pidió voluntad política para alcanzarlo. Y Queralt señaló que “las reformas que no vengan con partida presupuestaria no sirven para nada”.

La presidenta concluyó el debate con un esperanzador: “Vamos a confiar que vamos a llegar a acuerdos”.