El Consejo de Ministros ha aprobado hoy martes en primera vuelta el anteproyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa para garantizar la tutela judicial efectiva y dar respuesta a las demandas de la abogacía.

“Este anteproyecto refuerza las garantías del sistema judicial y del Estado de derecho. Es una ley pionera en Europa, que desarrolla este derecho recogido en el artículo 24 de la Constitución”, explicó la ministra de Justicia, 

“Consagra las facultades y garantías que se reconocen a todas las personas para proteger y hacer valer sus derechos ante los tribunales. Queremos que las personas los conozcan y que exista una guía de actuación para los operadores jurídicos”, añadió Llop.

“Sin Justicia no hay cohesión social. El derecho de Defensa no puede depender del bolsillo de cada uno, ni de su situación social o el lugar donde viva, todos podemos vernos envueltos en un proceso judicial y tenemos que tener la garantía de que nuestros derechos serán respetados”, aseguró.

La ministra señaló que con esta ley se da respuesta al colectivo de la abogacía, porque recoge con rango de ley sus derechos y deberes.

Entre los derechos recogidos, la ministra señaló “el libre acceso  a los tribunales de justicia, que se dicte una resolución congruente y fundada en Derecho por un juez imparcial, la invariabilidad de resoluciones firmes, ejecución de las resoluciones en sus términos exactos, y el acceso a un proceso público con todas las garantías”.

También destacó que se recoge “como novedad por primera vez por rango de ley que toda persona pueda solicitar que  la contratación de los servicios de defensa se formalice por escrito en una hoja de encargo o equivalente”.

Y también se establece que “la asistencia jurídica se prestará por profesionales titulados y colegiados, garantizándose su actuación libre e independiente así como la confidencialidad de las comunicaciones y secreto profesional”, explicó la ministra,

Además, el anteproyecto recoge “los deberes de la abogacía, los principios constitucionales y deontológicos que deben guiar su actuación”, afirmó la ministra, quien destacó que “se elevan a rango de ley actividad supervisora y sancionadora de los colegios profesionales, lo que redundará en una mayor confianza de las personas que requieran los servicios de la abogacía y en el correcto amparo de los profesionales en el ejercicio de su desempeño profesional”.

Llop destacó la importancia de la función social de la abogacía y expresó su “agradecimiento expreso a los profesionales del sistema de justicia, especialmente miembros de la abogacía, la procura y graduados sociales, que cada día construyen Estado de derecho desde lo pequeño a lo grande”.

El anteproyecto de ley también prevé la existencia de los Servicios de Orientación Jurídica colegiales, que tendrán como finalidad prestar a las personas toda la información relativa a la asistencia jurídica, sobre todo en cuanto a los requisitos de acceso a la asistencia jurídica gratuita, promoviéndose la atención a los colectivos más vulnerables.