La coordinadora del Grupo de Trabajo de Discapacidad del Consejo General de la Abogacía Española, Eva Ribó, ha afirmado que la figura del experto facilitador es fundamental porque “actúa de puente comunicativo entre el operador jurídico y la persona con discapacidad intelectual y, por tanto, es clave para garantizar su derecho a la tutela judicial efectiva”.
Ribó participó en la presentación del informe «La facilitación del acceso a la Justicia» sobre el impacto que tiene la facilitación en los procesos judiciales en los que intervienen personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. En la jornada, organizada por Plena Inclusión España, intervino también el autor del informe, Juan Endara Rosales.
Una de las conclusiones de la publicación es el volumen de prejuicios y estereotipos que tiene la población cuando no ha tenido contacto con personas con discapacidad, como el que no puedan tomar decisiones por sí mismas. Ante esto, la abogada agrega que “estamos en una etapa de transición, en la que la sociedad aún no se ha integrado en el modelo de derechos humanos que propugna la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
Y en esta tarea de integración, el facilitador “será imprescindible para humanizar a la persona con discapacidad”, -incide- porque ayuda a conocer sus capacidades para declarar, tanto víctima o acusada. “Es la única figura que nos permitirá desaprender a tener conductas automatizadas de reacción ante la falta de información y cambiar la mirada, porque acota la información y determina los apoyos necesarios de la persona, en función de cada circunstancia personal”, puntualiza.
El facilitador explica a la persona con discapacidad qué es un procedimiento judicial, con quién se va a encontrar en un juicio, qué tiene que hacer y cuáles son sus derechos. Por tanto “es esencial para que puedan participar en condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos”, ha afirmado Ribó.
La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica reconoce que en los procesos que participen personas con discapacidad se deben realizar las adaptaciones y ajustes que sean necesarios para garantizar su participación. Entre dichos ajustes reconoce la figura del profesional experto facilitador.
Junto a Ribó participaron Inés de Araoz, de la Asesoría Jurídica Plena Inclusión España; Juan Manuel Fernández, vocal del Consejo General del Poder Judicial; Avelina Alía, fiscal adscrita a la Fiscalía de Sala Coordinadora de los servicios especializados de atención a personas con discapacidad y mayores y Pilar Barrado, asesora del gabinete del secretario general para la innovación y calidad del Servicio público de justicia.
