El Consejo de Ministros ha aprobado este martes por real decreto una batería de medidas para la transformación digital y procesal de la Administración de Justicia, que estaban incluidas en el los proyectos de ley de medidas de eficiencia que comenzaron a tramitarse la pasada legislatura.
“Es el mayor avance en transformación digital de la historia de la Justicia”; afirmó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
Las medidas, incluidas en el Real Decreto-ley (RDL) de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de Justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, se articulan en dos grandes bloques. El primero de ellos tiene como objetivo adaptar la realidad judicial española al marco tecnológico y digital actual; y el segundo bloque está orientado a la eficiencia procesal, con el objetivo de garantizar procedimientos más ágiles y de hacer frente al incremento de la litigiosidad.
Adaptación al marco tecnológico y digital
Dentro del primer bloque de medidas, cabe destacar el reconocimiento del derecho de la ciudadanía y de los profesionales a relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos. Esto se traduce en aplicaciones muy concretas, como la generalización de la celebración de vistas y actos procesales por vía telemática o la creación de la Carpeta Justicia, que permitirá a cualquier persona consultar los expedientes en los que es parte o interesada, así como pedir cita previa para ser atendida.
También se impulsa el Expediente Judicial Electrónico, que incluye todos los documentos, trámites, actuaciones electrónicas y grabaciones audiovisuales que forman parte de cada procedimiento judicial.
Además, se fortalece la interoperabilidad, mediante el intercambio de expedientes electrónicos tanto entre órganos judiciales o fiscales como entre la Administración de Justicia y el resto de Administraciones Públicas.
Las medidas incluidas en este Real Decreto Ley contribuirán, además, a un mejor diseño de las políticas públicas, gracias al análisis de los numerosos datos que genera la Administración de Justicia, debido a que la tramitación de expedientes dejará de estar orientada al documento y pasará a estar orientada al dato.
Eficiencia procesal
Respecto a las medidas destinadas a la eficiencia procesal, en el ámbito penal se generaliza la preferencia de la presencia telemática para la realización de actos procesales. Asimismo, en el ámbito contencioso-administrativo, se dota a los juzgados y tribunales de herramientas para agilizar la tramitación y la resolución de pleitos. Y, en los ámbitos civil y laboral, se incorpora el “procedimiento testigo”, que agiliza en gran medida los procedimientos en los que se han presentado demandas idénticas con anterioridad.
Con la aprobación de estas medidas en plazo, señaló Bolaños, España cumple el compromiso asumido con Bruselas, lo que contribuirá a la recepción del cuarto desembolso de los fondos Next Generation EU, por un importe de 10.000 millones de euros.
