Los logros y limitaciones de la Corte Penal Internacional, que este año cumple su XX aniversario, fueron minuciosamente analizados en el IX Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía, con el conflicto de la guerra de Ucrania como telón de fondo.
“Han sido 20 años de un recorrido de grandes logros, de grandes satisfacciones, pero un camino plagado de retos y limitaciones”, afirmó Sonia Robla, jefa de comunicación de la CPI. Y en ese sentido destacó que ya hay 123 países que son parte del Estatuto de Roma, pero entre ellos no están ni EEUU, ni Rusia ni China.
A pesar de sus limitaciones, Robla contó que la corte ha juzgado ya 31 casos con 51 sospechosos y en este momento tiene cuatro juicios en marcha. Y aseguró que “la mera existencia de la Corte ha tenido un efecto disuasorio y ha servido para prevenir la comisión de los crímenes”.
Meritxell Regue, fiscal de Sala de Apelaciones de la Corte, explicó que se rige por “un marco legal específico diferente de los de los países, y tiene elementos de las diferentes culturas jurídicas”. Y reconoció que “hemos de priorizar, tenemos recursos limitados, no podemos investigar cada crimen”.
Sobre la posibilidad de que la CPI llegue a juzgar los crímenes de guerra de Rusia en Ucrania, la fiscal Regue afirmó que “hay una investigación abierta”, pero destacó que no es la única que tienen en este momento. “No nos tenemos que dejar influenciar por la presión mediática o política para rendir resultados ya”, añadió.
En la mesa redonda moderada por Blas Jesus Imbroda, presidente de la subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía, también intervino el magistrado de la CPI Rosario Salvatore Aitala. “Nuestro trabajo es buscar la verdad. El derecho principal de la víctima es el derecho a la verdad. Cada pueblo tiene un derecho inalienable a conocerla, para llorar sus muertos con razón, con el conocimiento de lo que ha pasado”, afirmó.
Y sobre Ucrania señaló: “Nosotros haremos lo que nos toca. Pero no aceptamos presiones, ni de los buenos ni de los malos”.
El Congreso, que comenzó el miércoles con un análisis sobre la guerra en Ucrania, se cerró con una mesa redonda sobre el derecho a vivir en paz en la que intervinieron Carmen Magallón Portolés, presidenta de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz, José Ricardo de Prada Solaesa, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y Manuel Ollé Sesé, profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad Complutense.
