El Juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia (Instrucción nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria) registró en su segundo año de funcionamiento (del 1 de octubre de 2022 al 1 de octubre de 2023) un total de 607 denuncias, lo que supone un incremento del 66,3% con respecto al volumen de diligencias incoadas el primer año.
La estadística del órgano judicial que funciona en el partido judicial canario como experiencia piloto nacional desde el 1 de octubre de 2021, revela que en el segundo año de actividad del órgano se denunciaron en el partido judicial un total de 235 presuntos casos de delitos contra la libertad sexual. Ello supone un aumento del 95% en este tipo de diligencias previas con respecto al primer año.
El número de procesos abiertos por delitos contra la integridad moral y maltrato físico y psíquico interfamiliar fue en el último ejercicio de 311, lo que evidencia un aumento del 64,5% en el volumen de entrada de este tipo de delincuencia.
Desde el Juzgado se explica que el gran incremento de denuncias ha ralentizado la práctica de pruebas preconstituidas. Actualmente, el tiempo de espera para realizarlas es de 16 días.
El grupo de investigación considera que la experiencia piloto de Las Palmas de Gran Canaria “servirá para avalar una nueva política judicial que reduzca la victimización secundarias de los/as menores víctimas de violencia a través de la creación y dotación de los juzgados especializados adaptados a la infancia y la adolescencia”.
Este juzgado ha logrado prorrogar su actividad un segundo año como experiencia piloto nacional gracias al apoyo e impulso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y se ha acordado la prórroga por un tercer año más.
