Queridos compañeros, queridas compañeras:

Recién desconvocada la huelga indefinida que mantenían los letrados de la administración de justicia, y que provocó la paralización de este servicio público, nos disponemos a afrontar los efectos de una interrupción de la que no somos acreedores pero que, sin embargo, incide de un modo muy directo en nuestra actividad profesional, y en su rendimiento económico.

El Consejo General de la Abogacía, los Consejos Autonómicos y los ochenta y tres Colegios de la Abogacía venimos impulsando medidas y acciones necesarias para minimizar sus efectos, y para lograr que la abogacía no resulte más castigada, tras un comportamiento profesionalmente intachable durante todo el conflicto.

Mientras el servicio público de justicia se mantenía colapsado en la gran mayoría del nuestro país, los profesionales de la abogacía no hemos dejado de atender las obligaciones y responsabilidades impuestas a nuestra profesión.

Estoy refiriéndome, principalmente, a la prestación de todos los servicios de justicia gratuita, ya sea en el marco del turno de oficio o mediante la prestación de asistencia letrada en centros de detención y órganos judiciales.

Esta prestación de servicios, fundamental para el acceso a la justicia, y por tanto para la tutela judicial efectiva, debe realizarse en las mejores condiciones posibles para el profesional de la abogacía. Esto requiere no solo medios sino también una retribución del trabajo efectivamente prestado.

La abogacía institucional dedica gran parte muy importante de sus esfuerzos a defender una serie de reivindicaciones que estimamos justas y razonables en nuestro Estado social y democrático de derecho.

De este modo, la Declaración sobre la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio que hizo pública recientemente el Consejo General de la Abogacía, promueve un Pacto para la mejora de este servicio público, que es fundamental para el acceso a la justicia de toda la ciudadanía y, por tanto, la tutela judicial efectiva. De forma complementaria, asimismo, venimos centrando nuestros esfuerzos en impulsar las siguientes medidas:  

• El establecimiento de un criterio general que determine que el letrado tendrá derecho a cobrar la prestación del servicio realizada, siempre que su nombramiento sea de obligado cumplimiento por así disponerlo una ley o un auto judicial: sin perjuicio de la procedencia del reintegro, en el caso de que el letrado perciba sus honorarios del cliente por no disponer de justicia gratuita u otra causa.

 

• La ampliación de los actuales criterios de compensación por vía de subvención, cubriendo incluso aquellos en que se deniega la justicia gratuita. Es el caso, por poner un mero ejemplo, de la persona que aparentemente tiene ingresos que exceden del límite cuantitativo para obtener el beneficio, pero cuyos bienes están sujetos a numerosos embargos.

 

• La adecuación de las normas procesales a la realidad de la justicia gratuita para que, en los procedimientos penales en que se asigna judicialmente abogado de oficio a una persona jurídica, el profesional de la abogacía tenga derecho a recibir la retribución correspondiente.

 

• La inclusión de determinados conceptos retributivos en todos los baremos de las administraciones prestacionales, estableciéndose un marco mínimo que haga obligatorio por ley incluir dichos conceptos a todas las administraciones.

 

• El aumento de las retribuciones en los baremos de justicia gratuita, para adecuarlos en la medida de lo posible a la realidad social y económica en la que vivimos.

 

• El establecimiento de un mecanismo generalizado para el pago de asesoramiento previo en la vía previa contenciosa administrativa e incluso en la jurisdicción social.

 

• Una redacción más clara y precisa del articulado reglamentario, para evitar posteriores interpretaciones irrazonables sobre la caducidad de los expedientes de justicia gratuita, que no siempre son claros ni están adecuadamente definidos.

 

• La ampliación de los plazos establecidos en las normas procesales para acudir al centro de atención en algunos casos, tras la llamada pertinente.

 

• El establecimiento de un marco estatal que permita crear criterios para la actualización regular de baremos.

 

• La existencia de subvenciones que permitan una formación continua de los profesionales que prestan el turno de oficio.

Estas son algunas de las reivindicaciones que la abogacía institucional viene realizando en materia de justicia gratuita, además de las contempladas en la Declaración sobre la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio: por un Pacto para la mejora de este servicio público del CGAE.

Del mismo modo, seguimos dejando oír nuestra voz en la formulación de alegaciones frente a leyes tales como la de eficiencia organizativa, procesal y digital del servicio público de justicia: una tarea que hace posible que los textos legales tengan una redacción más acorde y favorable los intereses de la abogacía profesional.

Por otro lado, en materia de justicia digital, venimos recabando nuestra presencia en todos los proyectos que desde el Ministerio y las administraciones prestacionales se vienen desarrollando para una mayor eficiencia del servicio público. Así, hemos tenido un papel importante en la revisión de la plataforma que para los procesos concursales del Libro Tercero del texto refundido ha tenido que implementar el ministerio. Asimismo, venimos colaborando proactivamente y haciendo propuestas para que el expediente electrónico judicial sea una realidad acorde a las necesidades de la profesión. De este modo, en los próximos días, el expediente se implementará en algunas provincias españolas.

En lo que respecta al ejercicio del derecho de defensa, seguimos planteando las reivindicaciones que han de redundar en nuestro quehacer diario. La semana pasada, de hecho, se aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de Derecho de Defensa por el Consejo de Ministros. Deliberaremos sobre su contenido en el próximo Congreso Nacional de la Abogacía, los días 3 a 5 de mayo, y a partir de las conclusiones que acordemos, completaremos y mejoraremos el texto en sede parlamentaria, haciendo propuestas de enmiendas a los grupos parlamentarios.

En este sentido, como sabes, la conciliación de la vida familiar, la desconexión digital, la inhabilidad de periodos navideños, son propuestas en las que seguimos haciendo hincapié para una actividad profesional acorde a nuestras necesidades, y respecto a las que se han producido y se están produciendo importantes avances.

También la dignidad de nuestra profesión constituye un punto trascendental, y que se desvela con mayor profundidad en materia de relaciones con la administración de justicia. La puntualidad sin retrasos de las vistas, la tramitación de procesos en plazos razonables que no cercenen los derechos de nuestros clientes, el trato considerado respetuoso y cortes, la fijación de causas de suspensión por enfermedad, etc., constituyen reivindicaciones que continúa efectuando la abogacía institucional.

Nuestro firme compromiso es seguir reivindicando y luchando por los derechos e intereses de la profesión, y de la ciudadanía a la que prestamos servicio. Por ello, te animo a participar en nuestro próximo Congreso Nacional que comienza el 3 de mayo en Tarragona. De conformidad con el artículo 111 del Estatuto General, las Conclusiones que votemos todos los colegiados y colegiadas asistentes constituirán “Orientaciones” para toda la Abogacía institucional en su conjunto (Consejo General, Consejos Autonómicos y Colegios de la Abogacía) durante los siguientes 4 años, hasta 2027.

No dejes de participar, para decidir entre todos y todas el futuro de la profesión.

 

Juntos, seguimos avanzando.

 

Un abrazo