La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, ha reclamado hoy martes en el Congreso de los Diputados que, ante la lenta tramitación de la ley de Eficiencia Procesal, se declare de otra manera la inhabilidad procesal de todo el periodo navideño para que entre en vigor este mismo mes de diciembre.
“Parece que no vamos a llegar con la Ley de Eficiencia Procesal aprobada a Navidad, no llegaremos por poco y eso da más rabia. Estamos buscando otra solución. Creo que la más factible jurídicamente sería colgarlo de otra ley en aprobación que entrara en vigor antes del 24 de diciembre”, afirmó Ortega en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso. “Esta salida sería extraordinariamente aceptada”, añadió.
La inhabilidad procesal de todo el periodo navideño, desde el 24 de diciembre hasta el 6 de enero, está contemplada en el proyecto de ley de Eficiencia Procesal, que está ahora en plena tramitación parlamentaria. Además en esta norma se incluyen otras medidas para favorecer la conciliación de la abogacía, como la suspensión de plazos y vistas por nacimiento y adopción, fallecimiento de familiares, o enfermedad del profesional de la abogacía. Sobre este último supuesto, Ortega pidió en su comparecencia un plazo de 90 días.
“Está regulada la suspensión por enfermedad de parientes, pero no se reguló en su momento por enfermedad del propio abogado. Creemos que esta regulación de la suspensión por baja es imprescindible. Hemos pedido como tiempo 90 dias, nos parece un plazo razonable”, explicó Ortega, señalando que también “es interés del cliente no verse obligado a cambiar de abogado en medio del procedimiento”.
Edmundo Bal, portavoz del grupo de Ciudadanos, y Miguel Angel Jérez, del Grupo Popular, felicitaron a Ortega por esta labor en favor de la conciliación. “Es urgente pasar las navidades en familia”, señaló Bal.
Estas propuestas sobre conciliación fueron algunas de las alegaciones presentadas por Ortega para mejorar la Ley de Eficiencia Procesal, sobre la que afirmó tener una opinión “extraordinariamente favorable”. Además expresó su preocupación sobre la acreditación de haber intentado la mediación, previsto en la ley como requisito de procedibilidad. “Nos preocupa cómo acreditar que se ha llevado a cabo este intento, sin vulnerar el secreto profesional. Habrá que acreditar que se ha intentado, pero sin trasladar el contenido, porque fracasaría la negociación”, advirtió.
También pidió ciertos límites al uso de videoconferencias, sobre todo en el orden penal, en los juicios orale : “Hemos pedido en nuestras alegaciones que los testigos y los peritos tengan que estar en sede judicial con presencia de un funcionario para poder acreditar la personalidad y que no están en contacto con los otros testigos ni comunicándose con otras partes, y que el acusado pueda estar en contacto con su abogado aunque sea a través de videoconferencia”.
