Tras dos años con limitaciones en los juzgados por la pandemia del Covid19 y cuando el volumen de ingreso de asuntos ha recuperado el volumen previo a la pandemia, la Abogacía pide la vuelta a la presencialidad total.
“Desde la Abogacía reclamamos volver a la normalidad en las instalaciones de la administración de Justicia. Se tiene que respetar la presencialidad”, ha solicitado Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española en la inauguración de las XIV Jornadas de Comisiones de Relaciones con la Administración de Justicia, que se celebran el jueves 12 y el viernes 13 de mayo en Santander.
“La tecnología no puede sustituir a la presencialidad”, ha subrayado Ortega, explicando que la Abogacía está elaborando enmiendas en este sentido para los tres textos de Eficiencia que está tramitando el Congreso de los Diputados, para garantizar “la presencia de la abogacía ante los órganos judiciales”.
Uno de los temas fundamentales que se abordarán en estas jornadas, que se celebran bajo el lema “Dando voz a la Abogacía”, será el secreto profesional, que, según ha indicado Ortega, “es un derecho y un deber de la abogacía”.
“El Estado de derecho debe disponer de los medios propios para la persecución de las actuaciones delictivas sin necesidad de vulneración alguna del secreto profesional”, ha añadido. Se trata de un tema recogido en el Estatuto General de la Abogacía y el Código Deontológico y será muy importante ver cómo se aborda en la normativa europea.
Además, Ortega ha subrayado la importante “colaboración de la Abogacía para lograr una justicia más eficiente y eficaz”. En este punto ha coincidido el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Luis López del Moral, señalando que “el objetivo (de la administración de Justicia) es la prestación del servicio más eficaz al ciudadano”, y ahí es básica la coordinación.
María del Pilar Jiménez Bados, fiscal superior de Cantabria, ha destacado el trabajo de las comisiones de relaciones con la administración de Justicia, que ponen de manifiesto las disfunciones que hay y con las que se trabaja en proyectos comunes.
El decano del Colegio de la Abogacía de Cantabria, Andrés de Diego, y el presidente de las Comisiones de Relaciones con la Administración de Justicia del Consejo General de la Abogacía, Santiago González, han destacado el importante trabajo que realizan estas Comisiones en los Colegios de la Abogacía.
JUSTICIA 2030: ANTEPROYECTOS LEGISLATIVOS
En la primera mesa se han abordado los tres anteproyectos legislativos -leyes de Eficiencia organizativa, procesal y digital- incluidos en el Plan Justicia 2030. Se trata, en palabras de Jesús Sánchez, decano de la Abogacía de Barcelona, de un “cambio de paradigma”. La Ley de Eficiencia Organizativa supondrá “un cambio total en la forma de trabajar de la justicia”, ha explicado. Además, ha reivindicado que se establezca una jurisdicción específica de familia.
También la Ley de Eficiencia Digital va a ser una “palanca transformadora de la administración de Justicia”, según ha apuntado Rafael Massieu, presidente de la Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Consejo General de la Abogacía Española. Se pasará, ha señalado, a una administración de justicia más eficiente y barata. Ha destacado la importancia de la coordinación y cogobernanza para esta norma, aunque ha lamentado que en la redacción de la ley no quede claro que los abogados pueden acceder de forma directa al expediente judicial electrónico. También lamenta que la desconexión digital, prevista en la norma, “no tenga un desarrollo reglamentario”.
Aitor Cubo, director general de Transformación Digital en el Ministerio de Justicia, ha contado los puntos principales de esta ley y ha destacado la orientación de la misma al dato, que se concreta en cómo está configurado el expediente judicial electrónico. Además, ha agradecido la colaboración de los distintos operadores jurídicos, como la Abogacía, en la redacción del texto.
En cuanto a la Ley de Eficiencia Procesal, Ignasi Fernández de Senespleda, magistrado del Juzgado Mercantil nº10 de Barcelona, se ha centrado en cómo se reforma el procedimiento monitorio, señalando que el objetivo es que se parezca al monitorio europeo.
OBLIGACIÓN DEL SECRETO PROFESIONAL EN LAS ACTUACIONES PROCESALES
Respecto al secreto profesional, el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Julián Sánchez Melgar, ha señalado que está “íntimamente relacionado con el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva”, pero no es un derecho absoluto. “Es un derecho que debe tener pocas limitaciones, pero alguna debe de tener”, ha explicado.
Fernando Candela, decano del Colegio de la Abogacía de Alicante, ha recordado que el secreto profesional es para las actuaciones que tienen que ver con el ejercicio profesional de la abogacía.
Por su parte el decano del Colegio de la Abogacía de Cantabria, Andrés de Diego, ha analizado cómo está la cuestión en la normativa europea. Ha explicado que la Directiva DAJ 6 no desarrolla cuáles son los límites del secreto profesional y los deriva a las legislaciones nacionales. Y ha lamentado las “limitaciones al secreto profesional” que se establecen en la trasposición al derecho español de esta norma.
