• El Consejo de Ministros remite al Congreso un proyecto de ley que desarrolla de modo integral un derecho fundamental de la ciudadanía
• El texto refuerza la importancia de las instituciones colegiales en materias como la regulación profesional y la deontología

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy en segunda vuelta el anteproyecto de ley orgánica de derecho de defensa, que en los próximos días remitirá al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. Con dicha aprobación se completa el círculo de garantías constitucionales de la tutela judicial efectiva, creando un marco en el que se regulan las condiciones de la prestación de este derecho de la ciudadanía. Supone por tanto un avance fundamental para el Estado de derecho.

La Abogacía Española ha venido reivindicando y liderando el proceso de elaboración de la norma desde hace más de una década, expresando el compromiso de la profesión, que no en vano es uno de los principales garantes del derecho de defensa.

El proyecto de ley supone un paso adelante desde el punto de vista de la protección de la ciudadanía, al consolidar en un único texto con rango de ley orgánica todas las garantías vinculadas a la defensa legal.

El anuncio hecho público pone en valor el papel de la abogacía, tanto en la elaboración de la ley como en sus contenidos. De ese modo se recogen algunas de las peticiones de la abogacía institucional en asuntos tales como la regulación del secreto profesional, el acceso de la ciudadanía a los tribunales, y la ampliación de sus derechos como usuaria del servicio público de justicia, entre otros.

Estamos pendientes de conocer el texto acordado y valorar aquellos aspectos demandados por la abogacía que, en su caso, no hayan sido incluidos en el proyecto. Del mismo modo, seguiremos defendiendo propuestas de mejora del texto en sede parlamentaria.

El proyecto de ley inicia su trámite parlamentario precisamente cuando está a punto de celebrarse el XIII Congreso de la Abogacía Española los días 3 al 5 de marzo en Tarragona: un congreso deliberativo en el que, entre otros, el Consejo General, de la mano de su presidenta Victoria Ortega, convoca a todos los profesionales de la abogacía española para adoptar las decisiones que orienten el futuro de la profesión y, de un modo muy especial, ante el acuerdo adoptado hoy, que orienten las propuestas de mejora de la ley en su tramitación parlamentaria.