Las XXIII Jornadas de Servicios de Orientación Penitenciaria, celebradas en Lugo, llegaron a su fin con una conclusión clara: “la valoración totalmente positiva de la tendencia, observada desde el año 2018, de potenciar la concesión de terceros grados y medidas de cumplimiento en medio abierto”. Los ponentes coincidieron en señalar que se trata de una política “adecuada” que ya ha demostrado un alto grado de efectividad.
En este sentido, acordaron solicitar a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la implementación de las medidas necesarias para la plena eficacia de la aplicación de la Instrucción 6/2020, sobre protocolo de ingreso directo en medio abierto, “fomentando que se lleve a cabo en todos los territorios del Estado, incluso en aquellos que carecen de centros de inserción social”. Apuntaron además la necesidad de dotar de recursos, tanto humanos como materiales, a CIS y secciones abiertas, “para facilitar su ejecución”. Además de apoyar la concesión de estas medidas alternativas a la prisión ordinaria, los asistentes a estas jornadas, que se han celebrado el 4 y el 5 de noviembre, organizadas por el Colegio de Abogados de Lugo y el Consejo General, pusieron sobre la mesa la posibilidad de compensar con otros beneficios la pérdida de derechos de las personas presas durante la pandemia.
A esa apuesta por el tercer grado se refirió también el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, que intervino en esta segunda jornada: “El reto es seguir avanzando en el número de internos en tercer grado, que actualmente supera los 100.000”.Ortiz recordó que actualmente cumplen condena en España unas 46.000 personas, un 30% menos que hace una década. “Aun así”, matizó, “España es el tercer país en tasa de encarcelamiento por 100.000 habitantes, tan solo por detrás de Portugal y Reino Unido”. También explicó que España tiene una tasa de criminalidad de 44,8 delitos por cada 100.000 habitantes, mientras que la media en Europa es de 62, y cuenta con un presupuesto de 73 euros diarios por interno, diez euros más que la media europea.
En las Jornadas también se lamentó el desconocimiento “generalizado” de la problemática que sufren las personas con diversidad funcional intelectual en prisión, por lo que en las conclusiones se señaló que es imprescindible la formación de todos los operadores jurídicos en materia de discapacidad, la información a estas personas y a sus familias sobre los derechos y los recursos a su alcance, y la concienciación de toda la sociedad sobre esta problemática. Se instó también a promover la colaboración con las entidades sociales que intervienen en el ámbito penitenciario en la materia.
En cuanto al acceso al Tribunal de Estrasburgo en materia penitencia, las conclusiones derivadas del foro recuerdan que las personas presas “son titulares de los derechos incluidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y cualquier restricción debe respetar los principios de proporcionalidad, individualización y respecto a la dignidad humana”. Los letrados consideran que debe potenciarse la creación en los colegios profesionales de turnos especializados en materia de derechos humanos para acudir a instancias internacionales, así como eliminar los obstáculos de acceso de los abogados designados por turno de oficio al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional.
En las conclusiones se señaló también que debe modificarse la actual regulación sobre la libertad condicional, en el sentido de recuperar la existente antes de la reforma del Código Penal de 2015; que el trabajo en prisión “tiene que equipararse a efectos retributivos con el que se desarrolla en el exterior, y que debe reiterarse la necesidad de cumplir el mandato previsto en la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del sistema nacional de salud, en relación con la asunción y el traslado de las competencias en materia de sanidad penitenciaria. Finalmente, los participantes en el foro apostaron por la implicación de la administración y de los Colegios de la Abogacía “para crear y gestionar servicios de orientación y asistencia jurídica penitenciaria en el marco de la asistencia jurídica gratuita”.
La segunda y última ponencia de las jornadas abordó el traspaso y asunción de las competencias sanitarias en materia penitenciaria, con la intervención del consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos Itoiz, que confirmó las dificultades en este ámbito, pero habló con optimismo de la experiencia navarra, y del director general de Justicia de la Xunta de Galicia, Juan José Martín Álvarez, quien hizo hincapié en la “falta de medios sanitarios” en las prisiones de la comunidad.
