Los portavoces de los principales grupos parlamentarios coincidieron en la necesidad de reformar la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para, 25 años después de su aprobación, garantizar la sostenibilidad del sistema, mejorar las retribuciones de los profesionales de la abogacía y ampliar su cobertura. Sin embargo, no dieron detalles de cuándo podría empezar a tramitarse esta reforma.
Durante una mesa redonda celebrada en la Jornada “El Futuro de la Justicia Gratuita” organizada por el Consejo General de la Abogacía Española en el Congreso de los Diputados, Francisco Aranda, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista aseguró que “hay elementos suficientes para poder llegar a acuerdos y modificar una norma que necesita una nueva mirada”. En este sentido, apuntó que habría que analizar “la ampliación del servicio a más colectivos vulnerables”, y también a personas jurídicas por designación. También se mostró favorable a estudiar la incorporación de los Medios Adecuados de Resolución de Controversias (MASC), y recordó que las tres Leyes de Eficiencia que están en trámite de aprobación -Procesal, Organizativa y Digital-, traerán importantes cambios que también afectarán a la Justicia Gratuita.
En la mesa redonda también destacaron todos la necesidad de ampliar la cobertura a nuevas realidades como la segunda oportunidad y de financiar la formación de los profesionales. Y pusieron sobre la mesa las diferencias entre comunidades autónomas en la prestación de este servicio y el cobro de honorarios.
Todos los portavoces elogiaron el importante papel de los Colegios y de los abogados del Turno de Oficio para garantizar el acceso a la justicia, especialmente durante la parte más dura de la pandemia.
“Queremos que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita represente y dignifique a uno de los mayores patrimonios de nuestro país, los Colegios de Abogados y los abogados de oficio, capaces de llegar hasta al pueblo más pequeño de España y atender cualquier problema de los ciudadanos”, señaló Luis Santamaría, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Para que su partido apoye un nuevo texto de la Ley, señaló que el Gobierno deberá “asumir compromisos presupuestarios claros y mejorar la formación y la especialización de los profesionales”.
También señaló la importancia de “avanzar en la homogeneización de los servicios del turno, para que sean iguales para todos, independientemente de su lugar de residencia”, algo que también debería aplicarse al cobro de las actuaciones y mantener “el papel que desarrollan los Colegios de Abogados”. También apostó por “ofrecer un marco regulador que no se centre exclusivamente en la labor del turno en asistencia, sino también en el de orientación gratuita”.
Para Patricia de las Heras, del Grupo Parlamentario Vox, “el servicio de Justicia Gratuita es excelente, pero las condiciones en las que lo ejercen los que lo prestan no lo es tanto”. Entre estas condiciones que hay que mejorar, citó las remuneraciones de los abogados, que “por su cuantía irrisoria son una indemnización, pero tributan IRPF”, y reclamó que se regulara este punto, al igual que los plazos de los pagos, ya que “a pesar de que se dictó un reglamento para que se realizaran de forma mensual, no se está haciendo”. Coincidió asimismo en las críticas a las diferencias retributivas entre comunidades autónomas. “Hay muchas lagunas que hay que recoger para que la defensa de nuestro cliente la podamos hacer con plenas garantías”, señaló.
Por su parte, Juan Ignacio López-Bas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, destacó que el servicio “funciona excelentemente bien gracias a los profesionales y la labor que se hace desde los Colegios de Abogados” y coincidió en que “la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita necesita una adaptación porque trata de responder a una realidad social que ha evolucionado en estos últimos 25 años, especialmente en los últimos dos” con la pandemia, algo que “hace necesario acelerar el proceso de revisión de la ley”.
En la clausura de la jornada, la vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor, se mostró partidaria de “una nueva ley”, entre otras cosas para mejorar las retribuciones –“una urgencia inexcusable”- y afirmó que esta nueva ley “puede concitar el apoyo generalizado de las fuerzas parlamentarias”.
