Juristas y empresarios debaten sobre el impacto de la reforma en un foro organizado por el CEM. La EUIPO ha recibido el Premio al Impulso a la Mediación
La futura ley de eficiencia procesal va a ser un revulsivo para revertir la situación de excesiva judicialización de asuntos en España y el atasco que provoca en los juzgados a favor de una creciente cultura de acuerdo entre los ciudadanos. Los profesionales jurídicos (magistrados, abogados, procuradores, y otros expertos), serán fundamentales para trasladar esta nueva forma de actuar ante los conflictos y para que, en definitiva, el servicio de la Administración de Justicia sea más eficiente. Las empresas necesitan agilizar la resolución de sus controversias para ganar en competitividad. Hay que tener en cuenta que gran parte del tejido empresarial español está formado por empresas familiares.
Esta ha sido una de las conclusiones en el debate generado en la jornada El presente y futuro de la mediación en España, organizada por el Centro Español de Mediación (CEM), en colaboración con la Cámara de Comercio de Alicante y el Instituto Internacional Promediación, celebrada este jueves en la sede del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ).
Al foro han asistido más de 300 juristas y empresarios de toda España, presencialmente y en streaming para analizar, entre otros asuntos, el impacto que tendrá en sus respectivos sectores el proyecto de Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 12 de abril de 2022, que prevé introducir la mediación obligatoria en la vía jurisdiccional civil y mercantil.
El evento ha comenzado con el discurso de bienvenida del nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, quien ha defendido la reforma y ha hecho hincapié en el papel que tendrá la red cameral en el desarrollo de la misma. “Somos firmes defensores de la mediación y el arbitraje como fórmulas para resolver conflictos entre empresas y no tener que recurrir a los colapsados órganos de justicia, que acumulan en la mayoría de sus instancias una enorme lentitud”, ha apuntado.
La modificación legal ha contado, asimismo, con el respaldo del director general de Economía Sostenible de la Generalitat Valenciana, José Vicente Soler, que ha llamado a desjudicializar las relaciones comerciales a través de la mediación y otros medios adecuados de resolución de controversias. “Gracias a estas medidas conseguiremos un sistema judicial más ágil, garantista y efectivo”, ha asegurado.
Por su parte, el director general de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia, José García Añón, ha apuntado que en la Comunidad Valenciana ya se han puesto en marcha oficinas que tienen la finalidad de promover la solución negociada de disputas, de forma gratuita, en coordinación con los servicios ya existentes en el ámbito judicial.
La jornada se ha dividido en varias mesas sectoriales, en las que han contrastado sus puntos de vista destacados miembros de asociaciones empresariales, colegios profesionales y de las administraciones públicas. Entre ellos, el diputado provincial Javier Sendra, Juan Carlos Cerón, presidente de la Audiencia de Alicante; Fernando Candela, decano de la Abogacía; Pilar Fuentes Tomás, decana del Colegio de Procuradores y presidenta de la Institución de Mediación del CGPE; Eva Toledo, presidenta del Círculo de Directivos y Maite Antón, presidenta de la Asociación de Empresa Familiar de Alicante.
Los distintos profesionales de la justicia han analizado la situación actual de la mediación en España y los restos que plantea el proyecto. Los ponentes han valorado positivamente, en general, las novedades que introduce este proyecto, que prevé la obligación de acudir a la negociación previa, a través de la mediación y otros medios adecuados de resolución de controversias (MASC), en el orden jurisdiccional civil y mercantil. Sin embargo, los expertos esperan que la norma defina o aclare ciertas lagunas. Por ejemplo, señalando qué soluciones son las más adecuadas para cada tipo de conflicto. Incluso, han demandado que se expanda el ámbito de la mediación a los conflictos entre ciudadanos y administraciones públicas.
Premio al Impulso de la Mediación
La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), encargada de administrar los derechos sobre marcas y diseños a nivel comunitario, ha recibido en este mismo acto el Premio al Impulso de la Mediación 2022. Un galardón que concede por primera vez el Centro Español de Mediación (CEM), adscrito a la Cámara de Comercio de España, y que pone en valor el trabajo de otras organizaciones y particulares en favor de la cultura del acuerdo dentro del ámbito empresarial.
El director ejecutivo de la EUIPO, Christian Archambeau, que ha sido el encargado de recoger el premio, ha expresado su agradecimiento por esta distinción al Servicio de Resolución Alternativa de Conflictos de la agencia, del que se han beneficiado más de 400 empresas desde 2011, con una tasa de éxito del 80%. Archambeau ha asegurado durante su discurso que tanto él como su equipo seguirán “intentando acercar la mediación a los ciudadanos y las empresas, aunque no siempre sea una tarea fácil”. Además ha adelantado que la oficina, con sede en Alicante, creará a finales del año que viene su propio centro especializado en mediación, a fin de “expandir sus servicios”.
El presidente del CEM, Rafael Catalá, ha explicado que la mediación es una herramienta que permite a las empresas evitar los cuatro años de media que tardan en resolverse los procedimientos judiciales y, por tanto, a ser “mucho más eficientes”. No obstante, ha reconocido que sigue siendo un sistema minoritario en España. Por ello, recalca Catalá, es tan importante la labor desarrollada por entidades como la EUIPO, que “están ayudando a desterrar la tendencia que tenemos en España de dirimir las disputas en los tribunales y a explorar otras vías mucho más constructivas”.
